LA INDIGENCIA: A PUERTAS DEL BICENTENARIO ¿LA CONOCEMOS?. Trabajo realizado junto con mi grupo de estudios de la Universidad Católica Raúl Silva H .

Antes que todo quiero aprovechar de saludar cordialmente a mi grupo de trabajo, quienes juntos hicimos posible éste trabajo que debia haber ganado la publicación en la revista de Historia y Geografía de la Universidad y una publicación en el diario Le Monde. Lamentablemente eso no fue posible, pero tenemos la fe de que trabajos como éste y otros muchos más que realizaremos a lo largo de nuestra carrera sean finalmente reconocidos no solo para el merito personal sino que para comenzar a construir así soluciones a las problematicas sociales que hoy nos aquejan... A mis amigos y colegas de estudio: Benjamín Rojas, Pedro Medel, Milton Yáñez y quien publica Mauricio Ubilla.

Ya introduciendonos al tema, siempre hemos convivido con palabras y terminos que refieren a Pobreza, indigencia y mendicidad. Estos son temas que aparentemente no se han tratado profundamente desde el marco legal, pese a que nuestra realidad demuestra que convivimos diariamente con ellos.
Desde esta perspectiva, es poca la información que la ciudadanía en general conoce en materia de derechos; y a pesar de contar con un fuerte respaldo mediático en materia de comunicación, aún un importante porcentaje de chilenos desconoce, en profundidad, todos sus derechos de ciudadano. Bajo este contexto, no debería parecer extraño carecer, aún más, de conocimiento acerca de las temáticas legales que se enmarcan dentro del problema social que abarca la indigencia, menos aún, los programas de Gobierno orientados a dar solución y beneficios a las más de quinientas mil personas que viven bajo esta categorización.
Con estos antecedentes, es de suma importancia realizar un profundo estudio referente a la problemática social que aborda la indigencia nacional; conocer el impacto en la comunidad social, sus principales características en el país y conocer los verdaderos alcances que el Estado brinda en materia jurídica conforme a la propia Constitución Política de la República de Chile. Pero ante esto ¿qué dicen los parlamentarios acerca del tema?

Bueno, el día 30 de mayo de 2007, nos acercamos a la Cámara de Diputados de Santiago, ubicada en alameda con calle Manuel Rodríguez, lugar donde solicitamos una audiencia con el Diputado Jorge Tarud (PPD), para la realización de una entrevista personal. Tras preguntarle de qué manera protege (o debería proteger) la ley a los mendigos e indigentes, Tarud señaló que “el derecho a la salud de los indigentes está garantizado, además los indigentes pueden asistir a cualquier centro de atención de salud pública cuando lo deseen” expresó el Diputado. Con respecto a la educación, señaló que “como la mayoría de los indigentes son mayores de edad, no hacen uso de la garantía de su educación, por el mismo motivo de ser mayores que ya no asisten a la escuela”. No se recibió respuesta acerca de la educación de los niños indigentes.
Otro aspecto importante que Tarud señaló, fue que los gobiernos anteriores se han preocupado por registrar datos estadísticos y las bajas de los porcentajes de indigencia. No obstante a ello, Tarud expresó que “el Estado no se encarga directamente de solucionar los problemas de mendicidad e indigencia, sino sólo instituciones solidarias autónomas como el Hogar de Cristo y Fundación para la Superación de la Pobreza”. Según el Diputado, el estado debería, y está en condiciones de hacerse cargo de estos problemas, ya que las arcas que recoge el Gobierno, son suficientes para solventar los gastos, que por lo demás según Tarud, “no son muy costosos”.
Tal vez, en forma de justificación, el parlamentario indicó que “la mendicidad incluso se encuentra en aquellos países más desarrollados, y no es un problema que sólo se da en Chile; y que en muchos países los porcentajes son bastante mayores que en nuestro país”.
Con respecto a las medidas y prontas soluciones, Tarud planteó que tanto el poder ejecutivo como el legislativo están discutiendo un proyecto enviado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet sobre una pensión para los indigentes.
Bajo el mismo contexto, se planteó al Diputado el problema de la vivienda para los indigentes; ante lo cual manifestó que éstos “podrían acceder a una casa propia, asumiendo, de todas formas, que los indigentes tienen muchas más dificultades para acceder a una vivienda propia en comparación con las otras personas que postulan a dicho beneficio”.

Concluyendo la audiencia, la autoridad política dijo que este es un problema que se debe poner en el tapete, ya que “se habla mucho de la problemática pero no de la solucionática”, y que están dadas las condiciones para buscar resolver este flagelo. Cuando se le consulta por qué no se ha considerado aún esta premisa, respondió que “de hecho la Presidenta ya está tomando medidas como el Programa Calle y, además, están en discusión las pensiones para los indigentes”.

Conforme a estos antecedentes, llama la atención que inclusive parlamentarios oficialistas desconozcan la totalidad de las prioridades presidenciales, pues si bien Jorge Tarud fue enfático en declarar que la problemática de la indigencia no competía directamente al Estado, sino más bien a instituciones de beneficencia; fue la misma Presidenta Bachelet quien declaró en el año 2006 que “erradicar la indigencia y reducir aún más los niveles de pobreza es una de las tareas prioritarias que se ha fijado el Gobierno, a través del compromiso de instalar al 2010 un Sistema de Protección Social capaz de abrir oportunidades y limitar riesgos para quienes no tienen la posibilidad de protegerse por sus propios medios”. Además de considerar otros Programas de Gobierno tales como el Chile Solidario que acoge a ciudadanos de todas las edades; asimismo, temáticas como la educación y vivienda sí están consideradas en la esfera indigente, pues a diferencia de lo que señaló el Diputado Tarud, un porcentaje importante de menores que se encuentran en edad de ser acogidos al sistema educativo, también tiene acogida en las intenciones del Programa de Gobierno “…Para superar esa brecha se requiere una red de beneficios sociales del Estado con cobertura progresiva que acompañe a las personas a lo largo de su ciclo vital, protegiendo sus primeros pasos, asegurando el acceso a las oportunidades de educarse y trabajar, cubriendo los riesgos de enfermedad e invalidez y garantizando una vejez digna” (MIDEPLAN- Plan de Gobierno ítem Pobreza). Con esta premisa, queda de manifiesto que, a diferencia de lo expresado por el parlamentario, la problemática de la indigencia no sólo es tema de algunas instituciones de beneficencia, sino también del Estado, y por qué no, de todos los chilenos.

INDIGENTES EN EL ESTADO DE DERECHO.

En un Estado de Derecho como en el que hoy se vive en el País, es precisamente el Gobierno quien debe garantizar y promover los derechos de la ciudadanía.
Al situarse en este contexto, y conforme a los antecedentes recabados, cabe preguntarse por qué no es tan tangible la manifestación del Gobierno frente a esta realidad social, tal vez una explicación hipotética al asunto sería:
Existe una manifestación abierta y concreta por parte del Gobierno en dar solución a la problemática de la Indigencia; no obstante, el real interés que suscita esta realidad entre quienes poseen la autoridad de legislar para el cumplimento de ese propósito es menor. Si este escenario fuese así, entonces el Poder Judicial poco y nada tiene por hacer, pues sólo se remite a las leyes existentes.Bajo este panorama, aparentemente es la fuerza de la opinión pública movida por los medios de comunicación masivos, quienes pueden dar vuelco a la situación, pues ya ha ocurrido en oportunidades anteriores, un ejemplo de ello aún permanece en la retina del País: la denominada revolución pingüina, que trajo como consecuencia que parlamentarios centraran su atención en la modificación de la LOCE, poniendo de manifiesto la gran fuerza que tiene hoy la masa pública frente a temas de contingencia.
En efecto, se hace necesario pensar en soluciones, considerando al País como un lugar donde se ejerce el “Estado de Derecho”, y no en un “Estado Benefactor”, esta distinción es fundamental, pues es muy fácil caer en el asistencialismo de las personas para dar una respuesta rápida y que deje conforme, momentáneamente, a la opinión pública, obviando temáticas fundamentales como el desarrollo sostenido de la comunidad.
Conforme a lo antes descrito, se puede señalar que el Estado Benefactor se crea a fines del siglo XIX, como respuesta al socialismo. “Medidas como el seguro de enfermedad, el seguro contra accidentes laborales o las pensiones para la vejez, asumidas por un Estado que hasta entonces sólo había tenido funciones políticas, fomentan el bienestar de los trabajadores y debilitan las reivindicaciones de los menos favorecidos por el sistema”(Adela Cortina), además de la institucionalización de sistemas de protección para gran parte de las personas que corren potenciales riesgos, parecen ser parte de un “Estado solidario ideal”. Pero ¿qué pasa con la participación ciudadana en un Estado como éste?, la respuesta a esta pregunta es la crítica al Estado Benefactor. Mientras que el Estado de Derecho es “un Estado sometido al ordenamiento jurídico, el que constituye expresión auténtica de la idea de derecho vigente en la sociedad, cuyas autoridades son representativas del cuerpo político de la sociedad” (manual de educación cívica).

¿EN QUÉ ESTAMOS AHORA?
Contexto
Desde el retorno a la democracia, Chile comenzó a experimentar un logro significativo en materias de reducción de la indigencia y la pobreza, en comparación con décadas pasadas. Es así como durante los años 90, según lo avalan las estadísticas del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) que demuestra que los signos de indigencia disminuyeron de un 12,9% en los 90 a un 5,7% en el 2000. Dichas reducciones se catastraron tanto en zonas urbanas como rurales a lo largo de todo el país.

Realidad Actual
Conforme a la última manifestación del Gobierno frente a la temática de la pobreza en el País, cabe destacar el pronunciamiento de la Presidenta Bachelet y la Ministra de Planificación Clarisa Hardy el pasado viernes 8 de junio, en relación a la última encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica Nacional); donde se da a conocer la importante baja porcentual de la pobreza e indigencia en Chile. En el informe se comunica que desde 1990 a la fecha el índice de pobreza se ha reducido en un 50%, representando en cifras desde el año 2003, una disminución del 4.7 % al 3.2 % hacia el 2006.

Finalmente en relación a lo antes señalado, la Presidenta de la República planteó en la conferencia de prensa del pasado viernes que “somos el país latinoamericano donde hay menos gente pobre, el que más ha reducido la pobreza en menor tiempo. Pero lo más importante, que además lo ha hecho en libertad y en democracia. Con orgullo digo hoy que nuestro país está escribiendo una página de esperanza para todas las naciones que buscan un desarrollo humano y quieren, a la vez, derrotar la pobreza”. Además de ello, queda de manifiesto que el Gobierno asume un rol fundamental en el estrechamiento de la brecha entre los más ricos y pobres del País; destacando que actualmente existen alrededor de 2.000.000 de pobres de los cuales 500.000 personas están en la clasificación de indigentes.Claramente, existe una gran labor para la superación y erradicación de la pobreza en Chile, más aún en temáticas complejas como la indigencia; no obstante, queda de manifiesto que si bien el Gobierno ha declarado estar altamente abocado al tema, ello no es suficiente sin el apoyo integral del grupo de legislativos nacionales, que, apoyados en la hipótesis planteada anteriormente en este informe, desencadenaría en un efecto dominó que culminaría en una superación total de la indigencia y sus problemáticas de forma definitiva.